Causa AMIA:

Apartaron al Juez Galeano

La Sala II de la Cámara Federal apartó al juez Juan José Galeano de la causa sobre el atentado terrorista a la AMIA, que estaba en sus manos desde 1994. La decisión se tomó luego de que Galeano fuera recusado por los familiares de las víctimas, nucleados en la agrupación Memoria Activa. La causa pasará ahora a manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Memoria Activa había recusado a Galeano el 14 de octubre pasado, a través de su abogado Pablo Jacoby.
La presentación también abarcó a los secretarios del juez.
La investigación por la AMIA viene siendo duramente cuestionada, y motivó la apertura de una causa para investigar las presuntas irregularidades en el trabajo de Galeano. La Diputada Nilda Garré, por su parte, ya había presentado un pedido de juicio político al magistrado y ampliado su presentación en dos oportunidades.
La decisión de apartar a Galeano llegó un día antes de que declare como testigo en el juicio oral la primera dama y senadora Cristina Fernández de Kirchner, para explicar comentarios realizados, hace algunos años, en la Comisión Bicameral de seguimiento de la investigación del atentado. Allí se habría hablado de un supuesto «pacto» entre Galeano y el principal acusado, Carlos Telleldín, para no inculpar a la esposa del detenido.
Ya en las esferas del Gobierno se hablaba de “una necesaria renovación en la etapa de la instrucción judicial, a la que deberá contribuir decididamente el esfuerzo de los otros poderes públicos».
Los camaristas Horacio Vigliani, Martín Irurzun y Eduardo Cattani decidieron revocar el rechazo del juez a una recusación cursada en su contra por Memoria Activa.
La razón fundamental de la recusación impulsada por el abogado Pablo Jacoby, abogado de la agrupación querellante, fue que en el juicio oral a la supuesta “conexión local” del atentado, se probó que el juez y la SIDE le pagaron 400.000 dólares a Carlos Telleldín antes de que acusara a los policías bonaerenses.
Luego de 9 años, y una derrota catastrófica en su mundo profesional, Galeano trasladará la causa al juez Rodolfo Canicoba Corral, que acaba de recibirla por sorteo.

Memoria Activa

El grupo querellante más crítico de familiares de las víctimas, Medmoria Activa, reclamó al juez Juan José Galeano que se aparte de la causa junto a sus secretarios. Afirman que el juez no fue “imparcial y transparente”. Se basan en los dichos en el juicio oral de Claudio Lifschitz y los agentes de la SIDE.
Las disputas de Memoria Activa con el juez Juan José Galeano no son nuevas.
Su abogado, Pablo Jacoby listó una ola de críticas contra el juez y los secretarios Carlos Velazco, Susana Spina y José Pereyra.
Jacoby asegura que todos ellos violaron el artículo 55 del Código Procesal Penal al manifestar interés especial en el proceso y “dar consejos o manifestar extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados”.
“Hace 9 años que mis mandantes padecen las deficiencias de una investigación estéril, que ya motivó -en el año 1999- la presentación de una denuncia contra el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH)”.
Jacoby evalúa como “pálido” el “desempeño investigativo” del juzgado y explica que “la base del agravio” de sus representados es “la verificación de un pago ilegal, secreto y clandestino” a Carlos Telleldín “con dinero del Estado aportado por la SIDE”.
El abogado concluye que el accionar del juez, luego del pago de esos 400.000 dólares, “habría arruinado la prueba de cargo demostrando un actividad negligente e injustificable”.
“Si los policías bonaerenses -agrega Jacoby- son realmente inocentes de haber participado en el atentado, vuestra conducta es directamente criminal”, dice refiriéndose al juez Galeano.
También el abogado de Memoria Activa se quejó por lo que llamó un “privilegio” de otras querellas “en perjuicio” de la suya, refiriéndose al manejo discrecional del que goza la querella unificada respecto a la de memoria Activa, más concretamente refiriéndose al vínculo existente entre Galeano y la doctora Marta Nercellas, abogada de la DAIA.
“Aconsejaron a las otras querellas que tenían ingreso irrestricto al tribunal y a instalaciones de oficinas de la SIDE, Policía Federal Argentina y al Poder Ejecutivo mismo”, remarcó Jaboby y recordó las afirmaciones del ex prosecretario Claudio Lifschitz quien aseguró que había una “orden expresa de no mostrar determinadas actuaciones” a la querella de Memoria Activa.