Aparecido en ‘El Tribuno’ de Salta – 28 de junio de 2005-:

Juan José Galeano, habla sobre la Causa AMIA: «El juicio oral fue una obra de teatro»

¿Por qué usted le pagó a Telleldín para que hablara?

La repuesta a esa pregunta insumió dos horas de mi defensa. Usted, como la mayoría en la opinión pública, parten de un error. El primero consiste en no caracterizar debidamente el delito que se cometió. La destrucción de la AMIA fue realizada por un grupo terrorista y la causa fue, por ese motivo, sumamente compleja. Es difícil que quien no lo vivió por dentro pueda imaginar la cantidad de obstáculos que se fueron interponiendo, la cantidad de personas que aparecían con información extraña para evitar que las fuentes genuinas nos llevaran a la verdad. Telleldín era una fuente relevante.

¿Cómo llegaron a él?

Nos llevó el motor de la trafic, que fue encontrado en medio de los escombros. Fue una evidencia probada en la causa. Los expertos extranjeros consultados nos dijeron, sin excepción, que esa era la llave para desentrañar este hecho horroroso. Estoy hablando del FBI y de los asesores que nos presentaron las embajadas.

¿Podría precisar por qué le otorgaban semejante importancia?

Es la persona que entregó la camioneta siete días antes de que estallara. Era quien había suministrado el arma homicida. A partir de ese momento, diversos organismos del Estado se propusieron obtener de Telleldín toda la información. Tanto ellos como la Cámara Federal coincidían en que Telleldín sabía más de lo que había dicho.

¿Cuál era su percepción sobre Telleldín en esos momentos?

Había indicios e informaciones extrañas, paralelas a nuestra investigación que surgían de escuchas telefónicas y de la fluida relación que mostraba Telleldín con los señores Raúl Kollman y Román Lejtman, ambos periodistas de Página/12. Teníamos la impresión de que se estaba buscando un beneficio económico, supuestamente para el proveedor del coche bomba.

¿No para ellos?

Supuestamente, para Telleldín. Era para publicar un libro. Lejtman reconoció en sus declaraciones que Telleldín iba a contar todo lo que sabía. Eso no es una novedad, porque lo publicó Pagina/12. Lo cierto es que, en ese momento, paralelamente a nuestra investigación, los medios publicaban cosas que no estaban en la causa. Así se manifestó una investigación paralela, luego corroborada por los periodistas que publicaron que había gente de la presidencia de la Nación interesada en saber cuál era la información que quería dar Telledín.

Y eso ¿los complicaba a ustedes?

Imagínese que si Telleldín publicaba en un libro todo lo que sabía, nosotros no íbamos a encontrar a nadie, porque se iban a escapar todos. Iba a ser una prueba perdida. Por omisión, íbamos a consagrar la impunidad. Por eso decidimos intervenir en esa operación que se estaba generando.

¿Por qué no lograban ustedes que hablara Telleldín?

Teníamos una mala relación. El nos recusa y ante la Cámara Federal dice que, bajo ciertas condiciones él estaría dispuesto a hablar.

¿Qué pedía?

Seguridades. Quería vender la información a cambio de protección para su familia, y que se le pagara. En Página 12 salieron todas las condiciones que él ponía. El archivo de ese diario es público. También quería salida al Uruguay, libertad a corto plazo y entre 350 y 400 mil pesos.

¿Qué iba a contar?

A quién le dio la camioneta. De hecho, la Cámara Federal me convoca para darme a conocer las condiciones en las que Telleldín hablaría. La jueza Riva Aramayo me convocó a su despacho y me explicó que el boleto de compra venta de la Trafic era falso. Nunca se vendió la trafic. Segundo, Ramón Martínez, el supuesto comprador, no existe. El número de DNI era superior a los 42 millones y me cuenta que de alguna manera habían participado policías bonaerenses. También me contó que Telleldín le estaba dictando el libro a una persona que yo había procesado, el fiscal Jorge Damonte, -que se hizo famoso porque no tenía título de abogado- y en ese momento compartía la celda con él.

¿Iba a ser su redactor?

El tomaba apuntes, que pasaron a manos de Román Lejtman quien los tuvo al menos hasta el año 2000. Nosotros también supimos que en un momento, las negociaciones por ese libro se habían frustrado. No sabemos cuál fue el motivo real. Algunos sostienen que pedía mucho dinero, que ninguna editorial estaba dispuesta a pagarlo y que hubo algunas «avivadas» intermedias, en que se pedía uno o dos millones de pesos por el libro. El esquema básico eran cincuenta borradores donde se relata la entrega de la Trafic a los policías. Allí dice que la entregó a una persona que estaba siendo «controlada» por policías.

Por la Bonaerense…

Cuando hablo de la Bonaerense me refiero a malos elementos de esa fuerza. Otros policías, de la misma fuerza, colaboraron para que avanzara la causa.

¿Es normal comprar información?

Es una práctica habitual en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ellos propusieron hacerlo para saber qué quería decir.

Y usted ¿por qué lo filmó?

Por la gravedad del caso y por la cantidad de versiones contrapuestas que circulaban en cuanto al monto. Un documento.

¿Usted tiene la íntima convicción de que Ribelli y los otros policías detenidos le entregaron la camioneta a los terroristas?

Yo no lo pude probar fehacientemente. Mi resolución de elevación a juicio muestra un encadenamiento de indicios concordantes, relevantes….. Por ejemplo, que al día de la entrega de la camioneta firma una escritura por valor de 2.500.000 dólares.

En síntesis ¿Qué descubrieron?

Ese es el dato. Ahora intentan acusarnos de ocultar información, de encubrir. Nosotros demostramos claramente que entre Telleldín y los policías existía una asociación ilícita. Pudimos demostrar que desde las brigadas de Lanús y de Vicente López ejercían constantes presiones sobre Ribelli. El había señalado a un contacto, de apellido Leal… Pudimos demostrar que Telleldín tenía una banda que se dedicaba a la duplicación de automotores y que en las dos brigadas había grupos asociados, que les brindaban protección. Telleldín tenía cinco pedidos de captura por diversos delitos y los policías comían en su casa… Era una intimidad asombrosa. Funcionaba como una asociación mafiosa donde se había declarado una zona liberada donde Telleldín -«el petiso de Tortuguitas», como lo denominó uno de los policías- hacía lo que quería.

¿Alguna vez Telleldín acusó explícitamente a Ribelli?

Lo acusó de haberlo extorsionado. Y cuando fueron al juicio oral la asociación ilícita siguió funcionando y se pusieron de acuerdo para salir en libertad. En el juicio oral no se va a encontrar una palabra de los policías contra Telleldín, ni viceversa.

¿Y en el expediente?

Están todos los elementos. El juicio oral, en cambio, fue una obra de teatro armada para que lo vieran los tres jueces y el público y donde se pusieron de acuerdo para engañar a la comunidad.

¿Usted desestimó la «pista siria»?

No es serio hablar de pistas por países en una causa de la complejidad de esta. Las pruebas no nos llevaban a Siria sino a una conexión libanesa, con la presencia política y económica de Irán. Eso es lo que está descripto en el expediente y es la prueba que hemos auscultado en el exterior, donde obtuvimos los datos sobre cómo operan los terroristas. Unos días antes del atentado habían ingresado ocho personas como correos diplomáticos y se esfumaron. Son las capturas que yo pedí en el año 2003 y que el señor Rúa ahora ha ratificado, a pesar de que dice que yo hice todo mal.

¿Usted desechó investigar a Kanoore Edul?

Lo investigamos a fondo. Es un fabulador, acusado de delitos menores, que no se puede vincular al atentado. El único indicio es un llamado que le hizo a Telleldín en fecha posterior a la entrega de la camioneta. Mientras yo tuve el caso, ese fue el único indicio, y me pareció poco concluyente como prueba.

Usted ha sido muy duro en sus presentaciones con Rúa, Szmucler y Jacoby…

Yo denuncié a Rúa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos adicionales.
Este señor está desde el año 2001 a cargo de la unidad especial de investigación del atentado. Desde entonces no aportó una sola pista adicional a las que yo incorporé al expediente. Eso habla del trabajo del señor Rúa, que esta ratificando todo lo que yo hice. Está en un lugar político y lo usan como herramienta política..

¿Quién lo usa?

No sé. Me parece que hay que observar que el fallo del tribunal oral asustó a mucha gente y él también puede estar asustado.

En el caso de Szmuckler ¿pesa el enfrentamiento en el seno de la colectividad judía?

No lo creo. Hay mucha gente haciendo política en esto. El representa al Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura…

Pero usted lo asocia con Jacoby y con Memoria Activa…

Si tuviera un mínimo de ética no debería estar ahí. El tiene como asesora a la mujer de Pablo Jacoby quien, en representación de Memoria Activa acompañó a Rúa y al delegado de la Cancillería cuando anunciaron en la OEA la impunidad del atentado… sin esperar la apelación del fallo.

¿Para forzar las indemnizaciones?

Yo no cuestiono el derecho de una indemnización a las víctimas o a los familiares. Ya hubo una recompensa y no opino, no me opongo a que haya otra. Sí me llama la atención esta extraña cadena de conexiones. Jacoby es el abogado de Lejman y de Kollman, lo es de Memoria Activa, que procura ese beneficio económico, y la mujer de Jacoby es la asesora del fiscal de mi juicio político. Estoy peleando con molinos de viento.

¿El Gobierno nacional está usando la impunidad para hacer campaña contra el gobierno de Menem?

No me gusta meterme en política. Hoy se cuestiona todo lo que pasó en la década pasada y el caso AMIA cae dentro de esos cuestionamientos.

¿Usted cree que el gobierno de Menem tuvo intención de ocultar lo que pasó?

Yo sólo puedo decir que actué en forma independiente, hice setenta denuncias por irregularidades y traté de destrabar cualquier obstáculo… Yo soy parte de un poder independiente y no me corresponde opinar si alguien quiso ocultar algo.

¿Qué pasó con la cuenta suiza?

El «testigo C» hizo declaraciones contradictorias y la jueza suiza me informó que nunca existió la cuenta.

¿Usted cree que ya está dictada la sentencia del jury?

Hay una urgencia evidente. Hasta eliminaron los feriados. Es muy difícil demostrar algo si un funcionario de segunda línea dice que yo no investigué nada y tiene a su disposición todos los micrófonos. Este señor Rúa, que tenía 18 años al momento del atentado y que no sabe nada de terrorismo y actúa y habla como lo hace… Están desperdiciando todo lo que se investigó.

¿Los culpables del atentado están sueltos?

El arma homicida la tenía Telleldín siete días antes del 18 de julio. Telleldín tenía una zona liberada amparada por policías bonaerenses. Al día siguiente de la entrega de la camioneta, Ribelli firma una escritura por dos millones y medio de dólares y ahora quieren decir que ninguno tiene nada que ver con esto, que son inocentes, que el pago fue hecho para que lo imputaran a Ribelli… para el señor Szmucler y la diputada Marcela Rodríguez esta son maniobras dilatorias. Yo estoy seguro de que los policías saben qué pasó.

¿Cuál es su sensación en este momento?

Que actuando como lo hace este jury, ningún juez va a animarse a investigar a las mafias.

Perfiles

Juan José Galeano. Investigó el atentado contra la AMIA y hoy es sometido a jury porque un tribunal oral le atribuyó haber efectuado mal la instrucción. Se le imputa haber dejado en la impunidad el crimen. En sus descargos ante el jury de enjuiciamiento atribuyó al Poder Ejecutivo haber utilizado el caso con objetivos políticos. También acusó a los miembros del tribunal Oral de haber amparado a policías delincuentes y denunció que el jury no acepta leer el expediente de cien mil páginas sobre el caso. Sostiene que existen intereses vinculados al cobro de millonarias indemnizaciones futuras para liberar a los detenidos que él consideró integrantes de la banda que entregó la Trafic a los terroristas proiraníes.

Beinusz Szmucler. Representante del Colegio de Abogados, tiene a su cargo la acusación contra Galeano. Lo asesora la esposa de Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa que es la única entidad judía que aprobó la liberación de Ribelli y Telledín.

Alejandro Rúa. Titular de la Unidad Especial de Investigación por el Atentado a la AMIA. Fue uno de los funcionarios que declaró en la OEA la impunidad del atentado. No aportó, desde 2001, ninguna prueba sobre la autoría del atentado.

Pablo Jaboby. Abogado de Memoria Activa, la agrupación que cuestionó a Galeano y que reclama el pago de nuevas indemnizaciones a las víctimas. También fue abogado de los periodistas Román Lejtman y Raúl Kollman.

Carlos Alberto Telleldín. Fue el proveedor de la Trafic. Galeano le atribuye haber integrado una asociación ilícita con policías de Lanús y Vicente López a los que les pagaba con autos para que no efectivizaran las órdenes de captura.

Juan José Ribelli. Era comisario de la Brigada de Lanús. Tras la entrega de la Trafic cobró una herencia de 2.500.000 dólares de su padre ferroviario. Aparentemente, dirigía a la banda de policías de la que dio testimonio Telledín.