La posición del Gobierno, que será llevada a Washington por el ministro de Justicia y el canciller, Rafael Bielsa, fue propuesta por el presidente argentino Néstor Kirchner y por la senadora Cristina Fernández, muy crítica de la investigación cuando integró la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados.
“Es un punto de inflexión -indicó Rosatti-, porque es muy distinto de lo que antes se hacía”.
Cabe recordar la posición anterior, cuando el entonces Presidente Menem rechazó las acusaciones de que la investigación era una farsa y la otra respuesta dada por la Alianza en la que trataba de dilatar los acontecimientos y no admitía ningún tipo de errores ni maniobras que atentaran contra la búsqueda de la verdad.
En el encuentro de Washington del 4 de marzo, el Estado le propondrá a Memoria Activa una serie de reparaciones o enmiendas. Entre ellas podemos mencionar:
– Un cambio en el control de los fondos de la SIDE,
– Modificaciones en las fuerzas de seguridad para prevenir atentados,
– Una nueva legislación e indemnizaciones para los familiares de las víctimas. Se impulsaría una especie de Ley de Víctimas de la AMIA, que quedaría como un legado de la lucha de los familiares.
Laura Ginsberg, de la tercera agrupación de familiares -APEMIA-, manifestó que la aceptación de responsabilidades que hará el Gobierno ante la OEA es una manera de que el estado no resulte culpabilizado ni por denegación de justicia ni por su participación en ese acto de terrorismo de Estado que fue el atentado.
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