Argentina

Censuras

El reciente impacto que provocó el episodio de censura registrado en torno de una nota escrita por Julio Nudler que Página/12 decidió levantar, permite -alejados por un momento de las reacciones que esto generó en el ambiente periodístico- algunas reflexiones. En realidad, obliga más que permite.

Por Daniel das Neves, Secretario general de la UTPBA

Es que el inmediato -no en todos los casos, convengamos- y extendido rechazo que surgió, podría ser leído como que es posible hablar de censuras de primera, de segunda y hasta de décima, dada la considerable proyección que tuvo este caso a la luz de otros hechos, incluso recientes, que no alcanzaron a mover el amperímetro de la Opinión Pública.
El levantamiento del programa periodístico ‘Visión Siete, Visión Especial’, cuya reposición siguen reclamando desde hace dos meses, los periodistas de Canal 7 y la UTPBA, afrontando un vacío informativo grosero; la salida del aire, y posterior vuelta, de dos programas culturales en el mismo canal del Estado; la sorpresiva desaparición del programa de Liliana López Foresi de AM Concepto, disfrazada de litigio contractual y el silencio mafioso perpetrado por la gran mayoría de los medios respecto de la aparición del libro de Manguel-Romero que investiga la vida de uno de los barones de la comunicación local, en este caso Daniel Hadad, son apenas cuatro de los ejemplos más recientes que, a pesar de su gravedad, casi no rompieron la frontera del anonimato.
Estos y otros casos permiten demostrar la capacidad para levantar murallas de parte de quienes ejercen el poder, en este caso económico-comunicacional, sean ellos los pulpos mediáticos, los gobiernos o ambos sintonizando intereses comunes
Se trata, en todo caso, de cómo una cuestión de fondo -en la que la censura es sólo un aspecto- aparece en medio de circunstancias distintas, por lo que la coherencia, los principios y cierto sentido de la ética profesional y social del periodista deben pujar -la mayoría de las veces en marcada desventaja- contra intereses empresarios que ocultando su condición primaria y fundamental, el negocio, ensucian el debate, al atribuirse ser los depositarios de un derecho -el de la información- que es propiedad de toda la sociedad.
Si censura es impedir el acceso de la sociedad a una información necesaria para el reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo de sus derechos -sean estos políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, incluso recreativos-, es evidente que los medios de comunicación conviven a diario, y con ejemplos a repetición, con ese instrumento, que ellos, apelando a un sofisma, han dado en llamar libertad de prensa, convirtiendo en derecho privado un derecho público.
Se trata entonces de un mecanismo que -como en este y otros casos- se utiliza en defensa de un objetivo que es central y que se asienta en la conservación de un conjunto de intereses, fundamentalmente económicos, desde una visión de la vida y desde cierta ideología.
Sería un despropósito remitir la figura de la censura a apenas un trayecto que se inicia y concluye con la última dictadura militar: primero, porque los miles de muertos y desaparecidos como parte de un planificado genocidio colocan el hecho repudiable de la censura por debajo de los alcances criminales del terrorismo de Estado, y segundo porque la alevosía de aquellos años, en cuanto a la instrumentación de la censura, dio paso a ciertos métodos -a veces ni tan sofisticados- que presentan la acción de censurar de otro modo, argumentando siempre -manipulación mediante- con factores ajenos a los reales, bajo el paraguas protector del espíritu de cuerpo (yo no te toco, vos no me tocás) que domina las relaciones entre los grupos empresarios del sector.
Esto último no deja de observar que también existen los cortocircuitos entre ellos, ya sea por disputas de mercado, de pautas publicitarias o, no por raro ausente, por representar expresiones ideológicas y/o alianzas distintas, aunque partan, como fue dicho, de una base estructural empresaria-capitalista similar. En ese marco se inscribe la hipócrita actitud asumida por Noticias frente al episodio de Página/12, una provocación de bajo vuelo de Jorge Fontevecchia que sólo puede convencer a ingenuos y distraídos que ignoren -a esta altura de la historia del periodismo de las últimas décadas- quién es y qué representa Fontevecchia, que al “denunciar” a su colega apela a esta figura: tu acto de censura es mi derecho a ejercer la libertad de prensa.
En el fragor cotidiano, en la pelea contra la autocensura, en la necesidad de preservar puesto de trabajo y dignidad profesional y humana, incontables episodios de censura se reproducen en la mayoría de las redacciones del país, donde algunos matices de líneas periodísticas y hasta -se puede admitir- diferentes grados de compromiso en la defensa de ciertos derechos esenciales de toda una sociedad por parte de algunos medios, enfrentan -en episodios como los de Nudler, los mencionados y todos los demás- la falla de origen que es la propia naturaleza del sistema en el que se asienta esa empresa. Más allá de que algunos lo padezcan rodeados de contradicciones y otros lo asuman sin ningún complejo como propio. Más allá, incluso, que las ideas de los periodistas puedan coincidir con lo que se expresa desde la línea editorial.
Pero este debate se puede tornar estéril, si al transitar el camino de la evidencia de que un sistema impone las condiciones donde la censura es una dócil y funcional herramienta que les garantiza a los dueños de los medios el derecho a la propiedad en el campo del mensaje, no se plantean -preocupación que la UTPBA viene expresando desde hace tiempo- formas de intervención que trasciendan la indignación respecto de un tema tan sentido, que si bien se proyecta desde que el periodismo es periodismo, adquiere ribetes dramáticos como consecuencia de la actual etapa del capitalismo neoliberal globalizado y el rol clave que en ella cumple la comunicación en su sentido mas integral. Los trabajadores de Página/12 acaban de dar un paso con ese rumbo, al discutir en asamblea el caso de la censura a Nudler y emitir un pronunciamiento.
La respuesta colectiva y organizada que enfrenta activamente el ataque a una dignidad profesional que, como organización, entendemos más ligada a una responsabilidad social que a un valor corporativo, vuelve a mostrarse como el método más adecuado, aunque todavía no alcance para disputar seriamente frente a semejante apropiación de nuestros derechos registrada en la última y larga década infame.
No se trata de que todos los intereses sean ilegítimos, se trata de no perder de vista su existencia y de que algunos expresan los de unos pocos y otros los de la mayoría, y que esto forma parte de una relación en permanente tensión. Lo ilegítimo y repudiable es mentir para justificar lo que se encubre, en nombre de las sagradas escrituras de la libertad de prensa.
Si es cierto que la verdad se construye, la primera tarea en ese sentido es impedir que la mentira -elaborada en bien de la gobernabilidad mediática o de lo supuestamente “correcto” en términos políticos-periodísticos- se naturalice.