El gobierno del Primer Ministro Ariel Sharón -quien considera al muro como vital para la seguridad de su país- manifestó que acatará la decisión de la Corte, lo cual sorprendió a los analistas que esperaban un enfrentamiento entre el tribunal y el gabinete.
De acuerdo con los medios de prensa israelíes, el fallo se refiere a una sección de la traza del noroeste de Jerusalem, donde se hallan ocho aldeas palestinas con una población de 35.000 habitantes.
De cumplirse el actual trazado, la barrera aislaría a los residentes palestinos de unas 3.000 hectáreas dedicadas a la agricultura con plantaciones de olivos y árboles frutales.
La edificación del muro entre Cisjordania y el territorio del Estado de Israel es uno de los aspectos que refuerza el plan unilateral de separación o programa de desconexión.
Ese proyecto plantea la retirada de las tropas y colonos judíos de la Franja de Gaza y propone la anexión de una parte de la Margen Occidental del río Jordán.
Fuentes periodísticas indicaron que la decisión judicial podría afectar a otras partes del vallado, sobre base del criterio de que ‘sólo una división basada en la ley dará al Estado la seguridad tan ansiada’.
El fallo de la Corte Suprema reconoce que la edificación de ese sector del muro perjudica severamente a los ciudadanos que residen allí y viola sus derechos.
La administración hebrea mantiene que esa construcción es fundamental para evitar ataques procedentes de Cisjordania, sin embargo, la colocación de la valla ha incrementado el malestar en la población palestina.
Esa muralla -que se extenderá por 680 kilómetros- la forman muros de hormigón armado, alambres de púa, zanjas, barreras metálicas y puestos de vigilancia.
